Luzón acusa a la fiscal sanchista Sabadell de ir contra Ayuso sin «un mínimo acervo incriminatorio»

El fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se muestra tajante en una carta enviada a la fiscal española en la Fiscalía Europea, Concha Sabadell en la que le advierte de querer abrir una investigación «prospectiva» por un supuesto delito de malversación o fraude contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin «un mínimo acervo incriminatorio» en la causa, según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Luzón se dirige en estos términos a Sabadell días antes de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, rechazara enviar la totalidad de la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso a la Fiscalía Europea porque considera que no es competente.

Sabadell, fiscal de la Gürtel a la que Dolores Delgado destinó en Europa, comunicó al fiscal jefe de Anticorrupción que investigaría a Ayuso porque el contrato para el suministro de mascarillas FPP2-3 «fue financiado íntegramente con fondos Feder europeos» y eso «ha ocasionado un perjuicio al patrimonio de la Unión Europea que ascendería a 1.512.500 euros.» En un oficio con fecha de 10 de marzo, Luzón respondió que esa acusación resultaba insostenible porque la cantidad subrayada por Europa es «el precio total pagado por la compra de mascarillas» que, además, es «similar a otras decenas de adquisiciones de este material por la Comunidad de Madrid en esas fechas».

Añade Luzón que se ha analizado toda la documentación aportada sobre «las características técnicas, factura, certificado de conformidad, documento ADOK aprobado, memoria justificativa para la adquisición por razones de urgencia, forma de pago y, sobre todo, albaranes de entrega» y no se ha apreciado indicios de malversación o fraude.

«Claramente prospectiva»

Pese a todo el razonamiento jurídico, que ha sido avalado posteriormente por la Junta de Fiscales de Sala y por Delgado, la fiscal Sabadell continúa con su objetivo: investigar a Ayuso en Europa. Por ello, el fiscal jefe Anticorrupción reprendió el empeño de Sabadell en una investigación que carece de base jurídica. «No es posible proponer siquiera la investigación de unos hechos que no revisten caracteres de delito, no sólo por carecer de un mínimo acervo incriminatorio de soporte, sino porque el bagaje indiciario existente apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la Unión Europea», subraya Luzón.

«La apertura de una investigación y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos -el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas- tendría una naturaleza claramente prospectiva», añade. Este tipo de maniobras están prohibidas por el ordenamiento jurídico, puesto que «es un ejercicio de persecución del adversario, en este caso político, revestido de una investigación judicial», explican fuentes consultadas por este periódico. Por todo ello, Luzón expone que «no existe delito alguno competencia de la Fiscalía Europea y tampoco cabe hablar de infracciones penales conexas, pues no existe un delito con el que establecer la relación de conexidad».

«En efecto, no se precisa un especial esfuerzo argumental ni un pormenorizado análisis de los tipos penales para advertir que ni se ha dado a los fondos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, ni se han falseado ni ocultado las condiciones requeridas para la concesión de estos. Del mismo modo, resulta evidente que no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público», concluye el jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

No hay malversación

En la causa abierta contra Tomás Díaz Ayuso no se investiga un delito de malversación, ya que las mascarillas se pagaron y se entregaron, sino que se indaga sobre la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por el hermano de Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios y «Europa no es competente para investigar estos delitos». A este respecto, aunque existiera la hipotética malversación de fondos europeos, los delitos citados son de interés superior para la fiscalía española. Así consta en el decreto de la fiscal general del Estado, en el que se argumenta que los hechos que investiga Anticorrupción «afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales».

Pese a ello, Dolores Delgado permitirá que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española y sin facilitar la documentación sobre las pesquisas que dirige Alejandro Luzón.